La G de Guinea

En un movimiento decisivo hacia la modernización y la transparencia financiera, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha prohibido el pago en efectivo de todos los tributos y otros ingresos del Estado. Esta medida, que entra en vigor de inmediato, busca transformar la manera en que los ciudadanos y las empresas interactúan con la administración pública, abriendo paso a un sistema de pagos totalmente digitalizado.
El Ministerio de Hacienda y Presupuestos ha puesto fin a una práctica de décadas. La imagen de ciudadanos haciendo cola para pagar sus impuestos con dinero en efectivo será pronto cosa del pasado. Según una orden ministerial emitida recientemente, todos los pagos al Estado deberán canalizarse a través de transferencias bancarias o plataformas electrónicas autorizadas.
Las razones detrás de esta orden son claras y ambiciosas. El gobierno busca principalmente tres objetivos:
- Modernizar las finanzas públicas: Adaptarse a las nuevas tecnologías es clave para un sistema financiero eficiente.
- Aumentar la transparencia: Al digitalizar los pagos, cada transacción deja un rastro claro, haciendo mucho más difícil desviar fondos.
- Luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales: Eliminar el efectivo reduce las oportunidades para actividades ilícitas, ya que el origen y destino del dinero quedan registrados.
A partir de ahora, para cumplir con tus obligaciones fiscales, necesitarás utilizar los servicios bancarios. El gobierno insiste en que todos los ingresos deben ser depositados en las cuentas bancarias habilitadas para ello. Para las zonas más remotas del país donde no hay sucursales bancarias ni acceso a servicios digitales, la Tesorería General del Estado podrá autorizar puntos de venta de “Efectos de Valor” (como sellos o timbres oficiales) como método de pago alternativo, asegurando que nadie se quede atrás.
La orden es contundente: cualquier funcionario que cobre en efectivo o cualquier ciudadano que pague de esta forma se enfrentará a serias consecuencias. Las sanciones pueden ir desde medidas disciplinarias y administrativas hasta responsabilidades penales. El mensaje es claro: la nueva norma es para cumplirse sin excepciones.
Fuente/gabinete del PM