La G de Guinea
El Primer Ministro ha revisado las deudas con SEGESA, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la aplicación de las medidas de reestructuración, con nuevos plazos para avanzar en las soluciones pendientes.
El Gobierno ha intensificado el seguimiento de las obligaciones financieras, fiscales y administrativas de las entidades públicas, con el objetivo de corregir incumplimientos y mejorar la sostenibilidad de su gestión. Estas cuestiones han centrado una reunión presidida este martes en Malabo por el Primer Ministro del Gobierno, encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue Nsua.
Se trata del segundo encuentro celebrado en lo que va de año para examinar, entre otros asuntos, las deudas acumuladas por las entidades públicas con la Sociedad de Electricidad de Guinea Ecuatorial (SEGESA) y establecer vías para regularizar los pagos por el consumo eléctrico.
Durante la sesión, el director general de SEGESA ha presentado el estado de las obligaciones pendientes, señalando que algunas entidades ya han efectuado sus pagos, mientras que otras todavía no han regularizado su situación. También se ha señalado la ausencia de determinados responsables en las reuniones convocadas para abordar esta problemática.
Los representantes de las entidades participantes han podido exponer sus dificultades, formular propuestas y aclarar cuestiones relacionadas con sus compromisos financieros. A partir de estas intervenciones, se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia acuerdos concretos que permitan reducir las deudas pendientes.
En este contexto, Manuel Osa Nsue Nsua ha advertido de que el Gobierno podría recurrir a la detracción directa de las subvenciones de aquellas entidades que incumplan sus obligaciones con SEGESA. Asimismo, se ha recomendado clasificar a los clientes según su situación de pago y capacidad de solvencia, con el fin de facilitar el seguimiento y establecer acuerdos de regularización adaptados a cada caso.
La reunión también ha planteado la conveniencia de que SEGESA valore mecanismos de compensación por los perjuicios ocasionados por las interrupciones del suministro eléctrico.
Como siguiente paso, las partes disponen de una semana y media para alcanzar acuerdos concretos. Posteriormente, se celebrará una tercera reunión para evaluar los resultados y adoptar decisiones en aquellos casos en los que no se hayan encontrado soluciones.
Hacienda refuerza las exigencias de cumplimiento tributario
El cumplimiento de las obligaciones fiscales ha constituido otro de los principales puntos de la agenda. Según los datos presentados por el Ministerio de Hacienda, las entidades que pagan regularmente sus impuestos continúan siendo una minoría, una situación que ha llevado al Ejecutivo a reclamar una mayor responsabilidad tributaria.
En este sentido, el Primer Ministro ha establecido una advertencia dirigida a las entidades públicas: a partir del 1 de enero de 2027, no se efectuarán pagos a aquellas que no hayan organizado y regularizado su contabilidad, sus obligaciones fiscales y la documentación exigida legalmente.
Además, el Ministerio de Hacienda deberá remitir a las entidades la nueva ley de contratos para que adapten sus procedimientos a las disposiciones correspondientes.
El seguimiento también abarcará las obligaciones sociales vinculadas al personal. Para ello, se ha solicitado al Instituto de Seguridad Social (INSESO) que presente una relación de las entidades que mantienen impagos en las cotizaciones de sus empleados. Durante la reunión se ha examinado igualmente la situación de los trabajadores cuyos contratos todavía no están debidamente regularizados.
La reestructuración, orientada al saneamiento y la sostenibilidad
El tercer eje de la reunión ha sido la reestructuración de las entidades públicas. El Gobierno ha reiterado que las medidas adoptadas en este proceso son de obligado cumplimiento y ha expresado su preocupación por las actuaciones que se apartan de las directrices establecidas.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha explicado que el nuevo enfoque del comité de reestructuración persigue el saneamiento fiscal y la sostenibilidad de estas entidades.
Para avanzar en esa dirección, se considera necesaria la colaboración de los responsables con los gabinetes especializados contratados para auditar y evaluar la gestión. Entre sus tareas figuran comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas, mejorar los sistemas contables e identificar oportunidades para elevar la eficiencia, la productividad, la calidad de los servicios y la rentabilidad de los activos públicos.
La evaluación de estos aspectos busca identificar deficiencias y facilitar la aplicación de medidas correctivas que contribuyan a una administración más responsable de los recursos públicos.
La reunión ha reunido así tres ámbitos estrechamente relacionados con la gestión de las entidades públicas: la regularización de las deudas con SEGESA, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, y la aplicación de las medidas de reestructuración.
Con este seguimiento, el Ejecutivo busca que las entidades públicas avancen hacia una gestión más ordenada y sostenible, con responsabilidades definidas, cumplimiento de la normativa y mayor control sobre el uso de los recursos del Estado.
