La G de Guinea
El Defensor del Pueblo, Reginaldo Ejido Panadés, ha presentado ante el Pleno de la Cámara de los Diputados el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2025, en el que su institución registró 133 expedientes de quejas y ofreció 162 orientaciones a ciudadanos.

El documento recoge las principales actuaciones de este órgano constitucional, las dificultades encontradas en la atención de las reclamaciones y las recomendaciones formuladas a las administraciones públicas para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos.
La comparecencia ha tenido lugar este jueves, 19 de noviembre, en una sesión plenaria moderada por el presidente de la Cámara de los Diputados, doctor Salomón Nguema Owono, ante quien el máximo responsable de la institución ha presentado los resultados de las actividades desarrolladas durante el pasado año.
Al inicio de su intervención, Reginaldo Ejido Panadés ha informado sobre los cambios producidos en la estructura de su institución, tras el nombramiento de sus dos adjuntos mediante decretos presidenciales. En este sentido, Martín Ndong Nsue, quien anteriormente ocupaba el cargo de Adjunto Segundo, ha pasado a desempeñar las funciones de Adjunto Primero, mientras que Gerónimo Osa Osa Ekoro ha sido nombrado Adjunto Segundo.
En cuanto a los resultados de gestión, el Defensor del Pueblo ha detallado que durante 2025 se registraron 133 expedientes de quejas y se realizaron 162 orientaciones a través de los diferentes canales de atención ciudadana. Entre ellos figuran las oficinas institucionales de Malabo y Bata, la atención telefónica, la página web, el programa radiofónico y los buzones de quejas instalados en las distintas cabeceras distritales del país.
El informe también recoge el crecimiento del programa radiofónico La Hora del Defensor, así como la participación de funcionarios y responsables de esta institución en espacios de Televisión Guinea Ecuatorial y Televisión Asonga. Estas intervenciones han servido para orientar a la población sobre los mecanismos disponibles para defender sus derechos y libertades fundamentales, además de dar a conocer las competencias y funciones del Defensor del Pueblo.
No obstante, Reginaldo Ejido Panadés ha expresado su preocupación por la deficiente colaboración de algunas administraciones públicas durante la tramitación de los expedientes de quejas. Según ha señalado, esta situación dificulta el seguimiento de las reclamaciones, pese a que responder a los requerimientos de la institución constituye una obligación legal y resulta fundamental para encontrar soluciones a los problemas planteados por los ciudadanos.
Entre los asuntos abordados en el informe figuran las reclamaciones relacionadas con la sanidad, la Seguridad Social, las solicitudes de beneficencia, la pobreza y la exclusión social, el empleo, la conflictividad laboral, la protección de menores, la seguridad ciudadana, la administración de justicia y las expropiaciones, entre otros ámbitos.
En materia de asistencia social, el Defensor del Pueblo ha reconocido los programas y proyectos impulsados por el Gobierno, con el acompañamiento de organizaciones internacionales como UNICEF y fundaciones que trabajan en favor de los sectores más vulnerables. Sin embargo, ha señalado que su institución continúa recibiendo quejas de ciudadanos que solicitan ayudas económicas para sufragar gastos médicos y ha advertido sobre la lentitud administrativa en la tramitación de estas solicitudes.
Respecto a la protección de la infancia, el informe reconoce los avances normativos registrados, particularmente con la aprobación del Decreto número 147/2023, de fecha 23 de noviembre, que establece medidas para la protección de los menores en Guinea Ecuatorial. A pesar de estos avances, persisten situaciones de violencia doméstica, abuso sexual y explotación laboral que mantienen a numerosos niños en condiciones de vulnerabilidad.
Otro de los asuntos destacados durante la comparecencia ha sido la problemática ocasionada por las incursiones de manadas de elefantes en comunidades de la Región Continental. El Defensor del Pueblo ha explicado que durante sus giras recibió diferentes reclamaciones de ciudadanos cuyos cultivos agrícolas y propiedades habían sido destruidos por estos animales, poniendo también en peligro su integridad física, la seguridad y los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas.
Ante esta situación, la institución ha recomendado al Gobierno la adopción de medidas integrales para hacer frente a este fenómeno. Entre las propuestas figuran la creación de una comisión técnica multisectorial que estudie el impacto de estas incursiones, identifique las zonas de mayor riesgo y plantee soluciones. También ha sugerido establecer sistemas de alerta temprana, barreras físicas de protección, mecanismos para el desplazamiento controlado de las manadas y un fondo de compensación destinado a los afectados.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha felicitado al Gobierno por el nombramiento de 1.051 funcionarios públicos en diferentes departamentos ministeriales, al considerar que esta medida favorece la incorporación de jóvenes universitarios y egresados de centros de formación profesional al mercado laboral.
Finalmente, después de escuchar las valoraciones y observaciones de los portavoces de los dos grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara de los Diputados ha aprobado el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2025.
Fuente: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados.





