La G de Guinea
El primer ministro Manuel Osa Nsue ha emitido instrucciones urgentes para implementar una serie de medidas destinadas a regular el uso del saldo telefónico asignado a los miembros del gobierno y a empleados públicos. Esta decisión surge como respuesta a prácticas que han desvirtuado el propósito original de este beneficio, convirtiéndolo en un negocio paralelo que compromete la economía pública y la ética administrativa.
En una reciente comunicación dirigida al director general de la empresa nacional GETESA, Osa Nsue destacó que la situación actual ha llevado a muchos beneficiarios del saldo telefónico a transferir sus créditos a comerciantes dedicados a la venta de saldo, recibiendo a cambio compensaciones económicas. Esta actividad, que se considera competencia desleal, no solo crea un gasto innecesario para el gobierno, sino que también ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
Las medidas propuestas por Osa Nsue son contundentes y buscan frenar estas prácticas irregulares. Entre ellas, destaca el bloqueo de transferencias, que prohibirá a todos los beneficiarios la opción de transferir su saldo a terceros. Con esta restricción, el gobierno pretende asegurar que el uso del saldo telefónico se limite exclusivamente a fines oficiales, evitando así que se convierta en un mecanismo para obtener ingresos adicionales de forma ilegal.
Otra de las medidas clave es la implementación de un límite de acumulación del saldo. Se eliminará la posibilidad de que los beneficiarios acumulen créditos, estableciendo un tope que impedirá que se acumulen más de lo que se les asigna mensualmente. Esta acción busca promover un uso más eficiente del saldo y evitar que se convierta en un recurso mal gestionado.
Además, se prevé una reducción de beneficiarios, en la que aquellos que actualmente reciben más de un saldo telefónico verán su número reducido a uno solo. Esta medida tiene como objetivo optimizar los recursos del gobierno, asegurando que el saldo telefónico se distribuya de manera más equitativa y responsable.
Finalmente, se llevará a cabo una revisión de beneficiarios, con el fin de eliminar de la lista a quienes ya no forman parte de la Administración Central del Estado. Esta acción no solo contribuirá a una mejor gestión de los recursos, sino que también reforzará la transparencia y la integridad del sistema administrativo.
El primer ministro ha instado a GETESA a actuar con rapidez en la implementación de estas regulaciones, enfatizando la importancia de garantizar una gestión pública más transparente y eficiente. Se espera que estas acciones generen un impacto positivo en la administración de recursos, promoviendo un uso responsable y ético del saldo telefónico dentro del sector público.
Con estas medidas, el gobierno busca restaurar la confianza en el sistema administrativo y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, sentando las bases para una gestión más efectiva y transparente en el futuro.
