La G de Guinea
El pasado 21 de octubre, la Cámara de Diputados dio un paso significativo al aprobar un nuevo proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, diseñado para transformar la gestión de las contrataciones en el país. La aprobación se produjo tras la presentación del informe por parte de la Comisión de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos.
La sesión, dirigida por el Dr. Salomón Nguema Owono, contó con la presencia del Ministro de Estado Encargado de Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jurídicos, Sergio Esono Abeso Tomo, quien subrayó la importancia de esta legislación para mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración pública.
Este proyecto legislativo se propone crear un sistema integral de compras públicas que esté en conformidad con las directrices de la CEMAC sobre transparencia y buena gobernanza. Su enfoque radica en garantizar una gestión eficaz de los recursos, optimizando la relación entre calidad y coste, y promoviendo el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Una de las principales novedades de esta ley es la obligación para las entidades contratantes de elaborar un plan anual que detalle las obras, bienes y servicios a adquirir. Este plan se alinea con los objetivos estratégicos del Gobierno y se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado.
Para fortalecer la transparencia, se establecerá un sistema electrónico oficial que facilitará la difusión de información sobre las actividades de contratación en la administración pública. Este sistema busca optimizar los procesos, reducir costos y aumentar la participación de los operadores económicos, lo que fomentará una competencia saludable y garantizará la calidad de las contrataciones.
El nuevo marco legal también introduce diversas modalidades contractuales, incluidas las asociaciones público-privadas, dirigidas a impulsar proyectos de gran envergadura. Estas asociaciones facilitarán la combinación de recursos públicos y privados, un enfoque crucial para atraer inversiones en áreas prioritarias.
La creación de una Oficina Nacional de Compras y Contratación Pública y un Tribunal Administrativo de Contratación Pública se incluye en el proyecto para asegurar una supervisión adecuada de los procesos contractuales. Estas instituciones se encargarán de promover la rendición de cuentas y la transparencia en todas las operaciones.
Adicionalmente, el Gobierno ha señalado la importancia de instaurar el principio de integridad en la contratación pública, priorizando siempre el interés general. Esto requerirá que los actores involucrados sigan estándares claros y definidos, lo que incrementará la seguridad en la adjudicación de contratos.
La ley fue aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios, quienes expresaron su apoyo a las reformas necesarias para mejorar la gestión pública en Guinea Ecuatorial. Ahora, el proyecto se dirige al Senado para su estudio en segunda lectura, marcando un avance importante hacia un sistema de contratación más transparente y eficiente en el país.
