La G de Guinea
“El Gobierno liberiano no ha adoptado ninguna determinación para hacer justicia con los supervivientes y las víctimas, ya es hora de que se juzguen todas estas atrocidades”, dijo el responsable del Instituto por los Derechos Humanos y el Desarrollo en África. Contados ya casi treinta años después del incidente de la masacre.
El 29 de julio de 1990 el ejército de Liberia saltó los muros de la iglesia luterana de San Pedro y mató a tiros y a machetazos a al menos 600 fieles de dicha congregación, entre hombres, niños y mujeres.
Un reporte del medio El País informa que el Gobierno liberiano ha dado explicaciones ante el Tribunal de la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) del por qué nadie ha sido llevado ante los tribunales en treinta años; “los colectivos de derechos humanos y los familiares de las víctimas celebran esta comparecencia como una victoria”, afirma la fuente.
Aunque este tribunal no es una corte penal con competencia para juzgar violaciones de los derechos humanos, le compete exigir a un Estado que las investigue.
“Como no ha habido justicia, a veces siento que un perro callejero de Monrovia tiene más valor que mi madre y otras víctimas de la masacre de la iglesia luterana”, dice un superviviente en la denuncia que interpuso el año pasado contra el Gobierno liberiano ante la corte, según lo recoge lo publicado por El País. En esta declaración, describe todo el horror de la matanza, al igual que los primeros testigos que acudieron al lugar tras los hechos.
“El suelo de la iglesia estaba lleno de sangre y decenas de cuerpos yacían debajo de los bancos donde trataron de esconderse, al mismo tiempo que en el altar se amontonaban los cadáveres de niños y muchas mujeres asesinadas llevaban todavía a sus bebés a la espalda”, así mismo, “en los marcos de las ventanas se acumulaban más cadáveres de personas ejecutadas cuando trataban de huir”. “Decenas de niños y bebés fueron encontrados con vida al día siguiente bajo el amasijo de cuerpos” remite el reportaje.
Reza lo remitido que, en el momento de la masacre, dos grupos rebeldes, liderados por Prince Johnson y Charles Taylor, avanzaban hacia la capital. Según lo publicado por el medio, las declaraciones de algunos testigos testimonian que fue el propio presidente, “Samuel Doe, de etnia krahn, quien dio la orden de asesinar a los miembros de las comunidades guio y mano, a las que consideraba responsables de la rebelión”.
Siguiendo las instrucciones de Doe, en la madrugada del 29 de julio, soldados gubernamentales recorrían las calles de Monrovia, asesinando a gente.
Asustadas y tratando de salvar su vida, unas 2.000 personas se refugiaron en la iglesia de San Pedro, en las afueras de la capital.
En 2010, años después de acabada la guerra, la Comisión de la Verdad y la Justicia creada para depurar responsabilidades concluyó que los hechos de la iglesia de San Pedro debían ser investigados y sus responsables llevados ante un tribunal, según lo difundido por la prensa.
En septiembre de 2021, un juzgado norteamericano concluyó que los autores materiales de la matanza fueron soldados del comando antiterrorista de las Fuerzas Armadas liberianas a las órdenes del coronel Moses Thomas, calificando los hechos como crímenes de guerra y contra la humanidad, y condenó a este al pago de 78,5 millones de euros en concepto de daños. Thomas, quién residía en EE.UU. desde el año 2000, fue detenido en 2018 en el curso de esta investigación judicial, pero en 2020, antes de que comenzara el juicio, volvió a Liberia, donde vive en la actualidad.
“Pese a las conclusiones de este juzgado estadounidense, Moses Thomas vive libremente en Liberia porque el Gobierno no ha dado los pasos necesarios para que él y otros autores de atrocidades durante la guerra civil sean llevados ante la Justicia y ninguna de las víctimas ha recibido un solo céntimo. Liberia tiene la obligación internacional de investigar y procesar a los responsables”, aseguró Ela Matthews, abogada del CJA, en un comunicado.
Tres supervivientes que perdieron a 16 familiares en la masacre han interpuesto la demanda que ha llevado al Gobierno de Liberia ante el Tribunal de la Cedeao para dar explicaciones sobre su inacción.
“El Gobierno liberiano no ha adoptado ninguna determinación para hacer justicia con los supervivientes y las víctimas; ya es hora de que se juzguen todas estas atrocidades”, clama Oludayo Fagbemi, responsable del Instituto por los Derechos Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA) en la emisión de El país.
