La G de Guinea
Después de más de cinco décadas de disputa territorial entre Guinea Ecuatorial y Gabón, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha fallado a favor de Guinea Ecuatorial, reconociendo su soberanía sobre las islas Mbañe, Cocoteros y Conga, en una sentencia definitiva e inapelable anunciada este lunes, 19 de mayo de 2025.
La resolución de este conflicto histórico marca un hito en las relaciones entre ambos países y pone fin a una controversia que se remonta desde 1972. Las islas en disputa están situadas en una zona marítima estratégica del Golfo de Guinea, rica en recursos naturales, especialmente petróleo.
Desde marzo de 2021, cuando el caso fue oficialmente presentado ante la Corte Internacional de Justicia, tanto Guinea Ecuatorial como Gabón expusieron sus argumentos jurídicos e históricos. Malabo defendía la validez del Tratado de París de 1900, mientras que Libreville basaba su reclamación en la Convención de Bata de 1974.
Durante la lectura del fallo en una audiencia pública celebrada en La Haya, la Corte concluyó que los títulos jurídicos heredados por Guinea Ecuatorial del Reino de España prevalecen sobre los documentos presentados por Gabón. En consecuencia, se reconoce la soberanía ecuatoguineana sobre Mbañe, Cocoteros y Conga.
El Tribunal también determinó que la Convención de Bata no constituye un tratado válido entre las partes, desestimando así el principal argumento legal de Gabón. En cambio, reconoció como jurídicamente vinculante el Tratado de París de 1900, firmado entre Francia y España, y los derechos que de él se derivan por sucesión.
Según la sentencia, la soberanía que ejercía el Reino de España sobre las islas el 12 de octubre de 1968 fue transferida legalmente a la República de Guinea Ecuatorial tras su independencia, consolidando así su derecho sobre el territorio en disputa.
Además del reconocimiento de soberanía, la Corte abordó la delimitación de fronteras marítimas y terrestres, estableciendo que el punto final de la frontera terrestre debe coincidir con el punto de inicio de la frontera marítima. La CIJ indicó que este trazado debe guiarse por el Derecho Internacional, particularmente por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
El fallo también representa una victoria diplomática para Guinea Ecuatorial, que apostó por la vía pacífica y legal para resolver el conflicto. La decisión de llevar el caso ante la CIJ en 2016, tras un acuerdo previo entre ambas naciones en 2008, permitió encauzar el proceso lejos de tensiones políticas o militares.
Finalmente, al tratarse de una sentencia definitiva, inapelable y de obligado cumplimiento, se espera que ambas partes respeten el fallo y den paso a una nueva etapa de cooperación y entendimiento regional. El veredicto representa no solo una victoria jurídica, sino también un avance hacia la estabilidad y el respeto al Derecho Internacional en África Central.
