La G de Guinea
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha emitido una firme advertencia a los propietarios morosos de viviendas sociales, anunciando que tomará medidas drásticas, incluyendo desahucios, si no saldan sus pagos acumulados. El Primer Ministro también señaló que se emprenderá un proceso de revisión de la gestión de estas viviendas para frenar irregularidades como el traspaso no autorizado de propiedades y la morosidad generalizada.
En una serie de declaraciones realizadas el 3 de enero de 2025, el Primer Ministro de Guinea Ecuatorial, Manuel Osa Nsue, anunció que el Gobierno tomará medidas firmes contra los propietarios morosos de viviendas sociales en el país, poniendo sobre la mesa la posibilidad de iniciar procesos de desahucio. La decisión surge tras el alarmante aumento de morosidad en los pagos correspondientes a estas viviendas, lo que ha generado preocupación en el Gobierno por la correcta gestión de este sector clave en el bienestar social.
Durante una reunión de trabajo con varios miembros del Gabinete, el Primer Ministro abordó las implicaciones de este incremento en la morosidad, afirmando que los propietarios que no regularicen sus deudas en el corto plazo se enfrentarán a desahucios. “No podemos permitir que la falta de pago continúe afectando el sistema de viviendas sociales, que están destinadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados”, expresó el Primer Ministro.
El anuncio de la posible ejecución de desahucios es un recordatorio para los propietarios de viviendas sociales de que es imperativo cumplir con sus obligaciones de pago para evitar perder la propiedad. El Gobierno planea intensificar los controles y asegurar que los pagos de los propietarios sean monitoreados de cerca, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de este sistema que, de no ser gestionado adecuadamente, podría generar un importante déficit en las viviendas disponibles para los ciudadanos más vulnerables.
Uno de los problemas más graves que se ha identificado en el manejo de estas viviendas sociales ha sido la gestión de las certificaciones emitidas por la Empresa Nacional de Promoción de la Vivienda (EMPIGE). Durante los últimos años, se registraron numerosas irregularidades en la emisión de estas certificaciones, lo que permitió que ciertos propietarios traspasaran ilegalmente sus viviendas a terceros, sin el debido control por parte de las autoridades competentes. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido que, a partir de ahora, todas las certificaciones de viviendas sociales serán emitidas directamente desde la Presidencia del Gobierno, como medida para evitar que se repitan estos problemas de gestión.
El Primer Ministro ha ordenado una revisión exhaustiva de todas las viviendas sociales, para asegurarse de que los propietarios actuales sean los verdaderos beneficiarios de las mismas. Esta medida se implementará a través de una comisión especial que visitará las viviendas para verificar los datos de los ocupantes y comprobar si efectivamente se trata de los propietarios originales o si han realizado un traspaso irregular. Esta comisión también se encargará de verificar la situación de morosidad de las viviendas, para tomar las acciones correspondientes en cada caso.
Uno de los puntos clave que subrayó el Primer Ministro es que la práctica de traspasar viviendas sociales a terceros sin autorización será terminantemente prohibida a partir de este momento. Según el Gobierno, esta práctica no solo es ilegal, sino que también afecta gravemente a la distribución justa de las viviendas sociales, privando a otros ciudadanos de acceder a ellas. Para evitar más casos de traspaso, la nueva comisión se asegurará de que solo los propietarios legítimos ocupen las viviendas.
En otro orden de ideas, el Gobierno ha planteado la posibilidad de registrar todas las viviendas sociales en proceso de pago a nombre del propio Estado. De esta manera, el Gobierno se asegura de tener el control total sobre las propiedades hasta que los pagos sean completados. Una vez que se salde la deuda, el propietario podrá formalizar la transferencia de la vivienda a su nombre mediante el procedimiento legal correspondiente en la notaría. Esta medida busca evitar futuros conflictos y garantizar que las viviendas sociales sean asignadas de manera correcta.
Durante el encuentro, el Primer Ministro también mostró su interés por conocer más sobre la gestión de EMPIGE desde que asumió el cargo el nuevo Director General de la entidad. Este interés surge de la necesidad de mejorar la eficiencia de la empresa encargada de la promoción y gestión de viviendas sociales en el país, para garantizar que no se repitan los errores del pasado.
El encuentro concluyó con un acuerdo para seguir trabajando en soluciones a los problemas planteados y con la promesa de continuar con las discusiones el próximo 10 de enero, cuando se analizarán nuevas propuestas y medidas para afrontar la crisis de la vivienda social en Guinea Ecuatorial. El Gobierno está comprometido en asegurar que las viviendas sociales sean utilizadas de manera justa y eficiente, y en proteger a los ciudadanos más vulnerables de posibles abusos o irregularidades en el sistema.
La decisión de tomar medidas tan drásticas demuestra la seriedad con la que el Gobierno está abordando este problema, y marca un cambio en la manera en que se gestionarán las viviendas sociales en el país. Con la implementación de nuevas regulaciones y una mayor supervisión, se espera que el sistema de viviendas sociales en Guinea Ecuatorial pueda ofrecer un servicio más justo y transparente a la población.
Fuente – gabinete de PM
