La G de Guinea
El oficialista partido Frelimo retiene el poder, pero la oposición y organismos internacionales denuncian represión y cuestionan la transparencia del proceso electoral.
Las calles de Mozambique se han convertido en un escenario de caos y violencia tras el anuncio oficial de los resultados de las elecciones generales del pasado 9 de octubre. Según informó el Ministerio del Interior este martes, al menos 21 personas han muerto y 25 han resultado heridas desde el lunes en medio de protestas generalizadas, que han incluido actos de vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior, Pascoal Ronda, detalló que las violentas manifestaciones han derivado en 236 incidentes graves en todo el país. Entre los heridos se contabilizan 13 civiles y 12 agentes de policía. Según Ronda, los atacantes armados han dirigido sus ataques hacia comisarías, cárceles y otras infraestructuras críticas, generando una ola de destrucción que afecta tanto a bienes públicos como privados.
El detonante de las protestas fue la ratificación por parte del Consejo Constitucional de la victoria de Daniel Chapo, candidato del oficialista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), con el 65,17% de los votos. Aunque la presidenta del Consejo, Lúcida da Luz Ribeiro, reconoció ciertas irregularidades en el proceso electoral, sostuvo que no fueron determinantes para el resultado final. Sin embargo, la oposición, liderada por Venâncio Mondlane, ha rechazado rotundamente los resultados, denunciando falta de transparencia.
Mondlane, quien se presentó como candidato independiente con el respaldo del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS), obtuvo el 24,19% de los votos, según el Consejo Constitucional. Esto representa un incremento frente al 20,32% que le otorgaba la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) en su primer informe. Aun así, su posición quedó muy lejos de la victoria, perpetuando la hegemonía del Frelimo en el poder desde la independencia del país en 1975.
Las protestas, inicialmente convocadas como manifestaciones pacíficas por Mondlane desde el 21 de octubre, han escalado en violencia. Grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado la dura respuesta de las fuerzas de seguridad. Según el Centro para la Democracia y los Derechos Humanos de Mozambique (CDD), al menos 131 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
El ministro Ronda, por su parte, afirmó que las manifestaciones han dejado de ser pacíficas y ahora representan un “desorden público”. Indicó que los disturbios han afectado servicios esenciales, como escuelas, hospitales y juzgados, además de bloquear carreteras y generar un clima de incertidumbre y temor entre los ciudadanos. También sugirió la posible implicación de grupos terroristas vinculados a la insurgencia en Cabo Delgado, una región al norte del país que enfrenta la amenaza del yihadismo.
En el trasfondo de esta crisis, la presidenta del Consejo Constitucional defendió el proceso electoral, alegando que, a pesar de las irregularidades detectadas, el resultado refleja la voluntad mayoritaria de los votantes. Sin embargo, las críticas internas e internacionales sobre la legitimidad del proceso y la violenta represión han minado la confianza en las instituciones del país y agravado la polarización política.
Con el Frelimo consolidado nuevamente en el poder, Mozambique enfrenta un difícil camino hacia la reconciliación nacional. Mientras tanto, las protestas persisten y los llamados a la justicia por parte de las víctimas de la represión resuenan dentro y fuera del país. La estabilidad política y social de esta nación africana pende de un hilo, exigiendo respuestas tanto de su Gobierno como de la comunidad internacional.
