La G de Guinea
Ha sido en una reunión celebrada hoy en el Ministerio de Interior entre el Presidente de la Comisión Técnica y los Delegados de Gobierno y Alcaldes de la provincia de Bioko Norte. La tarea de éstos es sensibilizar a la población para que facilitaran información a los técnicos de campo.
En un esfuerzo por mejorar la gestión de la política de vivienda social en Ecuador, el Gobierno puso en marcha un censo nacional para evaluar la situación actual de las viviendas construidas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020. Esta iniciativa, que comenzó en 2007, tenía como objetivo garantizar el acceso a viviendas dignas para los ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, en los últimos años, se han detectado problemas de coordinación institucional, ocupaciones irregulares y un alarmante incremento en la morosidad de pagos, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas urgentes.
Desde la implementación de la política de “Un Techo para Todos”, el Estado ha promovió la construcción de viviendas sociales en todo el territorio nacional. Hasta la fecha, 11.206 viviendas han sido entregadas a beneficiarios, mientras que otras 1.836 aún están en fase de construcción según aseguraba el Presidente de la Comisión Técnica para la Verificación de las Viviendas Sociales. La intención del Gobierno es continuar con este programa para reducir el déficit habitacional, pero el débil control sobre la gestión de estas viviendas ha generado obstáculos que deben ser superados.
Los principales problemas destacados han sido:
- Falta de Coordinación Institucional
Uno de los desafíos más preocupantes es la deficiente coordinación entre los tres departamentos responsables de la administración de estas viviendas: el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Planificación y Gestión de Edificaciones (INPIGE) y el Departamento de Proyectos. La falta de un sistema unificado de información ha generado errores en los registros, dificultando el control sobre la propiedad, ocupación y estado financiero de cada vivienda.
- Ocupaciones fraudulentas y uso indebido de viviendas
Se ha detectado que numerosas viviendas han sido ocupadas ilegalmente por personas que no han seguido los procedimientos legales de adjudicación. En algunos casos, los ocupantes han alquilado las viviendas a terceros, generando un mercado clandestino que perjudica la transparencia y la equidad del programa.
- Aumento de la morosidad y déficit financiero
Otro problema clave es la reducción de los ingresos provenientes de la amortización de estas viviendas. “Muchos beneficiarios han dejado de realizar sus pagos mensuales, lo que ha incrementado la tasa de morosidad y ha limitado la capacidad del Gobierno para financiar nuevas construcciones. Las razones varían: desde dificultades económicas hasta desinterés o desconocimiento de las obligaciones contractuales”, continuaba diciendo el máximo representante de la comisión.
Para enfrentar estos problemas, el Gobierno ha formado una Comisión Técnica, encabezada por el Primer Ministro y dirigida operativamente por expertos en gestión de vivienda. Esta comisión tiene la responsabilidad de realizar un censo exhaustivo de todas las viviendas sociales construidas hasta la fecha.
El objetivo principal es identificar la situación de cada vivienda, verificando aspectos clave como:
- Estado de ocupación: Si la vivienda está habitada, vacía o en uso irregular.
- Propiedad legal: Quién es el propietario registrado y si la adjudicación se realizó correctamente.
- Condiciones de pago: Si el propietario está al día con las amortizaciones o si tiene deudas pendientes.
- Estado de la vivienda: Condiciones estructurales y posibles problemas de mantenimiento.
Para ello, el Gobierno ha desplegado equipos de agentes censales y supervisores provinciales en todo el país. Estos equipos están visitando cada urbanización y barrio donde se han construido viviendas sociales, con el fin de recopilar datos precisos y actualizados.
Durante la visita de los agentes censales, se solicita a los propietarios que presenten copias de los siguientes documentos: Documento de identidad del propietario, Contrato de adquisición de la vivienda (suscrito con el INPIGE o con el banco correspondiente), Documento de entrega de llaves (que certifica la posesión oficial del inmueble) y Certificado bancario de amortización (para verificar el estado de pago). Estos documentos permitirán actualizar el registro de viviendas y detectar posibles irregularidades.
El Gobierno, por la voz de Ricardo Nsue ha enfatizado que este censo no tiene como objetivo el desahucio de los ocupantes. En cambio, busca generar información confiable para diseñar soluciones personalizadas a los problemas detectados. En el caso de los propietarios morosos, se espera comprender las razones detrás de su situación para ofrecer alternativas de pago viables.
Asimismo, aquellos que ocupan viviendas de manera fraudulenta tendrán la oportunidad de regularizar su situación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Para lograr el éxito de esta iniciativa, las autoridades han solicitado el apoyo de los delegados de gobierno y alcaldes locales, quienes tienen la responsabilidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de colaborar con el proceso.
En los próximos meses, la Comisión Técnica deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones. Dependiendo de los resultados, podrían implementarse nuevas políticas de regularización, incentivos para el pago de amortizaciones y estrategias para combatir el fraude en la ocupación de viviendas.
