Obras Públicas aclara situación de las expropiaciones y demoliciones de Sipopo

El Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido este martes 17 de junio una rueda de prensa en su sede de Malabo II para aclarar la situación relacionada con las expropiaciones y demoliciones en la zona de Sipopo. El Ministro de Estado, Clemente Ferreiro Villarino, encabezó la comparecencia y explicó que las actuaciones responden a la venta ilegal de terrenos ya expropiados por el Estado.

Según el Ministro, varias personas que fueron indemnizadas por el Gobierno por terrenos de uso agrícola han vuelto a vender esas parcelas a terceros de forma fraudulenta. En algunos casos, se han llegado a construir viviendas sin ningún tipo de autorización ni licencia.

“Son construcciones ilegales sobre terrenos que ya no pertenecen a los vendedores. Estas prácticas son un delito y el Estado no puede permitirlas”, subrayó Ferreiro Villarino.

Demoliciones por ocupación ilegal

Las recientes demoliciones en la recta de Sipopo, que han generado preocupación en redes sociales, fueron también objeto de aclaración. El Ministerio indicó que se trata de edificaciones levantadas sin permisos en zonas no urbanizables.

“El Ministerio está actuando conforme a la ley. Nadie ha solicitado autorización para construir en esos terrenos. No se trata de desalojos arbitrarios, sino de proteger el orden urbano”, añadió el titular de Obras Públicas.

Reubicación y colaboración ciudadana

El Gobierno ha iniciado un proceso de estudio para reubicar a las personas afectadas en lugares adecuados, con servicios básicos garantizados. Aún se analiza si se asignarán parcelas o viviendas sociales, pero se requiere la documentación de cada caso para proceder.

“Pedimos a todos los afectados que entreguen sus documentos. No podemos paralizar el proceso por la falta de colaboración de unos pocos”, insistió el Ministro.

El Ejecutivo ha reiterado que ya se están tomando medidas legales contra los responsables de estas ventas irregulares y anima a las personas estafadas a presentar sus propias denuncias.

“El Gobierno está para proteger a los ciudadanos, pero también para hacer respetar la ley”, concluyó.

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